viernes, 11 de enero de 2013

Los CIE de España son Campos de Concentracion para extranjeros


Como una cárcel, pero peor, son verdaderos campos de concentracion que siguen al pie de la letra las normativas nazis para con los internos. El grave delito de estos hombres, mujeres y niños es estar sin papeles en suelo español.

Lo que se ve a simple vista son rejas; las celdas con literas para ocho, un lavabo y estanterías abiertas, sin inodoros ni taquillas. En las llamadas “salas de ocio” no hay ocio: son dos estancias (una para hombres y otra para mujeres) sucias, oscuras, estropeadas, llenas de papeles y envoltorios por el suelo, cuyo único mobiliario son unas pocas mesas y sillas de acero, una tele sin mando a disposición de los internos y unas máquinas con tentempiés y bebidas (espacios “insuficientes”, según los jueces). Hay personas sentadas en el suelo sobre mantas o sacos de dormir.

El frío de enero vacía los patios. El servicio médico está a tope, pero no existe una estancia de enfermería para aislar a algún interno si lo necesita y su enfermedad no es tan grave como para trasladarlo a un hospital. La única celda con inodoro es la de aislamiento: un minúsculo espacio de azulejos con aspecto desolador y un banco de cemento que hace las veces de cama (sobre el que se coloca un colchón) en la que asusta imaginarse mucho tiempo. Es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Funciona de forma muy parecida a una prisión, pero sus condiciones son peores que la mayoría de las modernas cárceles españolas. Sus internos no son presos. Están allí, sobre todo, por una infracción administrativa: entrar en España sin cumplir los requisitos. Son inmigrantes sin papeles.


Las mujeres, una treintena durante la visita, pueden pasar casi todo el día en la sala de ocio, donde también se desayuna, come y cena. Los hombres, aproximadamente doscientos, no caben todos juntos, de forma que se hacen dos turnos. Los del primero pasan la mañana en la estancia común y después de comer suben a las celdas. Entonces bajan los del segundo. Las celdas no se cierran durante el día y pueden estar entre los módulos, pero no hay nada que hacer.

Las mujeres están más tranquilas, sentadas o tumbadas, hablando en pequeños grupos o durmiendo en el suelo. La sala de los hombres está a reventar, y las quejas se suceden. “Soy el 3.399. Por favor, quiero que me expulsen ya a mi país. Este sitio es insoportable, sucio, horrible. No hay nada, nada que hacer durante las horas que pasamos aquí.

¿Centros de Internamiento de Extranjeros o cárceles de inmigrantes?
Según su definición oficial, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de libertad durante un periodo máximo de 60 días. Acogen, pues, a personas que no han cometido delito alguno pero que no tienen regularizada su situación en el Estado español

Pero desde su misma fecha de creación, los CIE han sido definidos como lugares opacos a los que, salvo contadas ocasiones, han tenido difícil y limitado el acceso las ONG, la prensa y la sociedad civil, pese a una larga cantidad de intentos desde sectores sociales por descubrir qué se esconde tras sus paredes más allá de la sala de visitas. Ni siquiera los abogados de los internos pueden actualmente hablar en privado con sus defendidos, sino que las entrevistas se deben realizar siempre bajo presencia policial. Se desconoce lo que realmente ocurre, pero cada vez son más señalados y cuestionados.

ONG como Médicos del Mundo, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino o la plataforma de entidades de ámbito europeo y africano Migreurop han solicitado entrar y acceder a las dependencias del CIE de Aluche, espacio que centraliza gran parte de las expulsiones del Estado español, con el objetivo de velar por los derechos de las personas allí internadas, pero no lo han conseguido y han relatado su experiencia en el informe Voces desde y contra los CIE.

En él denuncian malos tratos, condiciones infames, hacinamiento, incomunicación, aislamiento, racismo en alguna de sus manifestaciones más abyectas, indefensión legal, precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior y represión. “La realidad descubierta tras los muros de este centro parece muy lejana a los principios de un Estado de derecho“, leemos en el informe. Las condiciones higiénico/sanitarias son más que cuestionables, y las denuncias de malos tratos y tratos degradantes son habituales.

Durante dos años estas entidades han recogido testimonios de personas que han pasado por el CIE de Aluche que hablan de personas durmiendo en el suelo, encerradas de doce de la noche a ocho de la mañana, sin poder salir ni siquiera para ir al baño, bajo la custodia de cámaras, con una limpieza deficiente, cuando no inexistente, y con instalaciones y una asistencia sanitaria insuficiente para la población recluida que supera la capacidad fijada para el centro.

Incluso el Defensor del Pueblo ha denunciado las condiciones en los CIE del Estado español afirmando que el sistema es excesivamente estricto, propio de un régimen típicamente penitenciario, con estancia casi permanente en las celdas y unas condiciones higiénicas deplorables.

Hasta ahora, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo suelen hacer visitas exclusivamente cada seis meses, lo que hace que este centro se haya convertido en un auténtico ‘agujero negro’ como lo ha definido el Defensor del Pueblo.

¿Cambiará algo con la entrada de Cruz Roja?
Esta semana el Gobierno anunciaba que Cruz Roja prestará asistencia permanente a los inmigrantes internos en el CIE de Aluche. Es la primera vez que una ONG podrá trabajar de manera permanente en uno de estos centros.

Sin embargo, las entidades que han seguido durante estos años la situación de los CIE creen que nada va a cambiar. “Cruz Roja es una institución particular, hablar de ella como de ONG no es del todo cierto. Uno de sus rasgos peculiares es que colabora con las Administraciones Públicas, lo que implica que tenga un compromiso de confidencialidad con ellas, lo que se traducirá en que probablemente siga sin haber transparencia respecto a lo que pasa en el CIE de Aluche y en los demás. Probablemente seguirán siendo espacios estancos y obtendremos información deficitaria”, nos explica Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo en España.

“El Estado es responsable de las personas que están internadas en los CIE y puede buscar colaboración en Cruz Roja pero cumplir la legislación vigente no es suficiente garantía de derecho para las personas que allí se encuentran retenidas”, señala Teresa.

Tal y como explican las entidades autoras del informe ‘Voces desde y dentro de los CIE’ no es la primera vez que una ONG trabaja de forma permanente en un centro de estas características. “En Italia no funcionan mejor, por ejemplo”, señala la presidenta de Médicos del Mundo refiriéndose a los CIE de Lampedusa y Turín.

“Aunque la Administración autorice el ingreso de Cruz Roja en el CIE de Aluche, desde nuestro posicionamiento seguimos reclamando el cierre inmediato y definitivo de estas cárceles de inmigrantes y consideramos que su acceso no debe servir para desarrollar las funciones propias del Estado, sino para fiscalizar las irregularidades y la violación sistemática de derechos humanos que allí se denuncian“, concluyen desde Médicos del Mundo.

La Comisión Europea analizará el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche

El centro ha sido denunciado en varias ocasiones por presuntas violaciones de los derechos humanos.

"La Comisión solicitará al contratista encargado de realizarlo que preste una especial atención a la situación de los centros de detención, incluido el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid)".Con estas palabras, Malmstrom ha contestado a una pregunta escrita del eurodiputado catalán Raúl Romeva (ICV).

En una respuesta fechada el 6 de diciembre pero publicada esta semana, Malmstrom ha indicado que el Ejecutivo comunitario realizará en 2013 un estudio para esclarecer como se aplica en los Estados miembros la Directiva sobre procedimientos y normas para el retorno de inmigrantes en situación irregular.

La comisaria ha recordado que existe la obligación de asistencia sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades a los inmigrantes retenidos en estos centros, así como facilitar los contactos con los representantes legales y organizaciones no gubernamentales competentes.

"La Comisión espera que todos los Estados miembros, incluida España, respeten los compromisos contraídos en virtud de dicha Directiva y que garanticen unas condiciones humanas y dignas en todos los centros de internamiento de su territorio", indica Malmstrom.

También recuerda que España notificó la plena transposición de la Directiva sobre retorno en 2011.

En su pregunta, el eurodiputado catalán Romeva se ha referido a una resolución emitida el pasado agosto por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según la cual, la privación de libertad cautelar en el CIE de Aluche de Adnam el Hadj, inmigrante de origen marroquí y solicitante de asilo en España, fue arbitraria y discriminatoria.

Y es que, el centro madrileño y sus actitudes han sido denunciados en varias ocasiones por presuntas violaciones de los derechos humanos.

Romeva añadía que el grupo constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenida en ese centro y que luego fue expulsada a Marruecos, sin permitirle el auxilio médico, jurídico y judicial al que tenía derecho.

Asimismo, mencionó las pésimas condiciones de salubridad del CIE de Aluche, la falta de asistencia sanitaria y otras supuestas violaciones a los derechos humanos.


Mezclan a delincuentes con gente que no tiene papeles pero que jamás ha hecho nada malo

Hay locos que, hasta que los detectan y separan, pueden hacer cualquier cosa a los demás. No nos dejan tener con nosotros el teléfono móvil. Ni la maleta con nuestras cosas. Ni podemos poner una sábana en la litera para que no nos dé la luz”. Los internos, como el que habla, un argentino desesperado por volver a su país, se identifican con un número, no con su nombre y apellidos. Muchos escriben o gritan sus cifras identitarias mientras expresan un sinfín de quejas por la situación del centro.

Las protestas de los internos, en este y en otros CIE, llevan años sucediéndose. En estos momentos hay unos 750 internos —el 65% de su capacidad— en los nueve centros abiertos (en Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife y Valencia, aparte del de Madrid), según aseguran fuentes policiales. Aunque no se reparten por igual entre todos ellos. Algunos están llenos y otros, como los tres de Canarias, muy por debajo de su capacidad; alguno, semivacío.

Los extranjeros, que en principio están allí por haber cometido una falta administrativa, pueden pasar encerrados un máximo de 60 días para que se proceda a la expulsión. Aunque no son presos, están privados de libertad, y para mantener el orden y asistirlos solo hay policías, que se ven obligados a hacer las veces de funcionarios de prisiones. La Defensora del Pueblo ha pedido que los agentes se dediquen solo a la vigilancia externa y que dentro sean sustituidos por asistentes sociales.

Un problema arquitectónico —es decir, de presupuesto— es que se junta a internos que han delinquido con aquellos que no. Al CIE se llega principalmente por no tener los papeles en regla, por haber cometido una acción contra el orden público o porque se haya sustituido una pena por delito por la expulsión. En una prisión, los preventivos no están con los penados; y dentro de estos, se distribuyen en función de su peligrosidad. En el CIE comparten celdas y un único espacio común.

Uno de los jueces de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, titular del juzgado de instrucción 6 de Madrid, denunció recientemente en una resolución el hacinamiento de los inmigrantes allí encerrados. Es cierto que no pasan en ese centro tanto tiempo como los presos en las cárceles, pero serán 60 días en salas repletas y sucias, sin apenas luz si hace frío y no se quiere salir al patio y con los derechos limitados sin que un reglamento haya fijado exactamente cómo. Solo hay una breve mención en la Ley de Extranjería y una orden ministerial de 1999 sobre sus normas de funcionamiento.


El CIE de Aluche está en el ojo del huracán después de que muriera una mujer congoleña

Aún no se sabe la causa de su fallecimiento, pero sí que había pedido asistencia sanitaria hasta 10 veces antes de ser trasladada al hospital. Poco después, a principios de enero, un joven guineano de 21 años falleció en el centro de internamiento de Barcelona, tras lo cual la oficina del Defensor del Pueblo realizó una visita en la que detectó multitud de carencias en la asistencia sanitaria, tanto de medios como de método, y se urgió al Ministerio del Interior a paliar las deficiencias.

El Defensor del Pueblo, los jueces, los colegios de abogados y las ONG coinciden en pedir un reglamento con la máxima urgencia; una norma que delimite con precisión las condiciones que deben tener, cómo se debe tratar a los internos y todos los extremos en los que ahora cada CIE actúa como mejor le parece. Algunos tienen jueces específicos encargados del control, a modo de juez de vigilancia penitenciaria, otros no; algunos tienen inodoros en las celdas compartidas, otros no; algunos tienen asistencia sanitaria continuada, otros no; algunos tienen buzones para mandar quejas al director o a los jueces, otros no; algunos pueden leer sus derechos en los idiomas que normalmente hablan, otros no. Y hay medios de los que todos carecen.

En Madrid, los tres jueces que desde diciembre de 2009 se encargan del control del centro de Aluche han ido, con sus resoluciones, paliando las deficiencias que encontraban, en ocasiones a través de acuerdos conjuntos —a pesar de que cada uno de ellos pertenece a una asociación de jueces de distinta ideología—. De alguna forma, ante la falta de un reglamento, han ido dotando al centro de ciertas mejoras relativas al respeto de los derechos de los internos.

Han exigido que haya asistencia médica continuada; que los policías vayan identificados; buzones para quejas y que estas se envíen en el plazo de 24 horas y en sobre cerrado si así lo desea el interno; que nadie esté encerrado en la minúscula celda de aislamiento más de un día; que las ONG puedan acudir al CIE; que se amplíe el horario para las visitas de los familiares; que reciban suficientes productos de aseo; que se les dé un parte de asistencia médica cuando la reciban y que se remitan al juzgado las quejas por agresiones que denuncien. Han tratado también de ejercer un cierto control sobre la comida, por la que siempre ha habido quejas: se ha ordenado que la alimentación esté en perfectas condiciones higiénicas, en buen estado, y que las bandejas estén limpias.


Pero muchas veces han chocado con argumentos sobre la seguridad del centro

Es la razón que se usa para no permitirles usar sus móviles o no tener en las celdas sus enseres personales (que se guardan en una estancia aparte) ni taquillas cerradas para colocar sus cosas de uso diario. Otro problema es el presupuesto. Desde enero de 2010 llevan pidiendo, sin éxito, inodoros en las celdas —algo que, finalmente, parece que está en marcha— ante las numerosas quejas de personas que aseguraban que no les abrían por la noche y que debían hacer sus necesidades en bolsas —las mujeres sentadas o levantando la pierna en los altos lavabos—. En noviembre, los jueces dictaron una resolución conjunta decretando que les debían abrir en tres minutos desde que llamaran al timbre.

Tampoco se ha logrado que puedan disponer de crema hidratante si lo necesitan, como piden con insistencia los internos subsaharianos, que aseguran que en este clima se les destroza la piel.

“El problema principal es la propia concepción de los CIE en la ley”, señala la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano. “Se establece un paradigma, el penitenciario, para después decir que debe haber una privación de libertad distinta, pero sin regular cómo debe ser y cuáles han de ser sus límites. El reglamento es una obligación legal y una necesidad real”.

Un juzgado denuncia el hacinamiento del centro y afirma que una inmigrante que falleció la semana pasada no fue aislada ni diagnosticada a tiempo

“Palmario hacinamiento y escasez de espacio”; “habitaciones absolutamente inapropiadas”; “estancias sin cuarto de aseo”; “ni tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos puedan estar aislados de los sanos”. Esta descripción de las carencias del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, no corresponde a una de las múltiples ONG que durante años han elaborado informes quejándose de la situación de estos centros, sino que consta en un auto judicial de 21 de diciembre de 2011 emitido por el magistrado Ramiro García de Dios, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, uno de los tres que se encarga del control del CIE de Aluche.

La resolución, adelantada ayer por la cadena SER, ha venido precedida de una muerte, la de la ciudadana congoleña Samba M., que falleció por una meningitis. El director del CIE, como es preceptivo, lo notificó por fax al juzgado. Un día después de recibirlo, el magistrado García de Dios dictó una resolución en la que ordenaba al director que habilitara “cuantas habitaciones fuesen precisas” para alojar a las personas internadas que hubieran tenido contacto con la fallecida si así lo disponían los servicios médicos —“licenciados en medicina, no simples enfermeros”, exige el auto del juzgado—.

El juez va más allá. En los fundamentos de derecho de la resolución habla de las “diversas visitas personales” que ha realizado al centro, en las que ha podido “constatar el palmario hacinamiento” del CIE, donde “no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples tan siquiera, sino que mayoritariamente existen habitaciones absolutamente inapropiadas”. “No resulta por tanto extraño, desde el punto de vista técnico, que enfermedades infecciosas como cierto tipo de meningitis se puedan propagar con extrema y alta facilidad”.

El magistrado argumenta, además, que “lógicamente”, que no haya una habitación específica para los enfermos “facilita la propagación de enfermedades vía contagio”. “Pero, al parecer”, señala con ironía, “tal evidencia no ha sido constatada por el señor director y por los responsables máximos del centro”. El juez ordena al director que sean enviados al hospital los internos con enfermedades contagiosas y asegura que “de una lectura integral y sistemática de la documentación remitida no parece concluirse que la difunta doña Samba M. haya sido diagnosticada a tiempo”, lamenta el auto.

La resolución, extremadamente dura hacia las condiciones que sufren los internos, no es la única en este sentido. El pasado 25 de noviembre, los tres juzgados de Madrid implicados en la materia acordaron exigir al director del CIE que garantice “que los internos puedan realizar sus necesidades por la noche” si las habitaciones se mantienen cerradas, y que tengan acceso a un aseo “en un plazo máximo de tres minutos”. Los magistrados habían recibido multitud de quejas en las que los internos relataban que no se les permitía ir al baño por la noche y que tenían que usar los lavabos o bolsas de plástico. Y aseguraban que, si llamaban para salir del cuarto, no se atendían sus peticiones. El 28 de enero de 2010 los jueces ordenaron al centro que “subsanara la falta de inodoros en los dormitorios”. El director contestó que él no tenía capacidad para ello y que daba traslado de asunto a las autoridades superiores. Un año y once meses después, y ante la falta de respuesta, los jueces han exigido que, al menos, se les deje salir al baño.

Previamente, a finales de enero, el magistrado García de Dios ya ordenó al director del CIE que facilitara el acceso de las ONG al centro tras constatar que solo se les permitía entrar por las tardes coincidiendo con las visitas de sus familiares o amigos, “lo que dificulta y en muchos casos imposibilita la efectividad del derecho a los internos a ser visitados por miembros o asistentes de ONG”, señalaba en esa resolución.

El reglamento de los CIE es una de las cuestiones que ha dejado pendientes el Ejecutivo socialista y que tendrá que asumir el nuevo Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz. “No solo hay deficiencias en Madrid, son generales, y la única manera de acabar con ellas es que se apruebe el reglamento que prevé la Ley de Extranjería de 2009”, señala Cristina Manzanedo, coordinadora del informe Miradas tras las rejas, elaborado por la ONG Pueblos Unidos. “Pedimos al nuevo Gobierno que elabore una norma garantista, respetuosa con los derechos y libertades de las personas; que los CIE dejen de gestionarse como si fueran cárceles, porque no lo son, ya que los internos no han cometido delitos sino faltas administrativas; y que se cuente con la experiencia de las asociaciones, universidades y colegios de abogados”.

Morir en un CIE

Al caminar por el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE) hay que cruzar varias puertas enrejadas: la de la entrada, la del comedor, la de la habitación, la de la zona de ocio, la del baño, la del patio, la de la cocina... y las que franquean el paso a cada uno de estos espacios del centro. Los internos tampoco pueden pasear libremente por el lugar, y decenas de policías se encargan de controlarlos, incluso cuando están en el patio. No es una cárcel, insisten fuentes de Interior, pero es lo que más se le parece. Este lunes, por primera vez desde su construcción en 2006, el CIE de la Zona Franca abrió sus puertas a los medios.

Los CIE son centros para personas en situación irregular que esperan a ser expulsadas del país y para personas inmigrantes condenadas a las que se les ha conmutado la condena (que debe ser inferior a seis años) por el regreso a su país. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que su prioridad es que ingresen en los CIE solo personas con antecedentes penales. Los sin papeles que no tengan cuentas pendientes con la justicia y demuestren arraigo, entendido como domicilio, familia, amigos o trabajo, incluso sumergido, en España, no serán confinados en este tipo de centros. Es una de las novedades del Gobierno del PP, que ultima un anhelado reglamento para los CIE, que hasta ahora estaban en un limbo legal.

De esta forma, se podrá evitar que muchas personas pasen en los centros 60 días —tiempo máximo permitido— para volver finalmente a la calle, como ocurrió en 2011 cuando, de las 13.241 personas que fueron encerradas en un CIE, solo se expulsó a 6.825. Desde enero, según Ulloa, se aplica esta nueva política. Aunque, según fuentes policiales, el CIE de Barcelona tiene entre un 70% y un 80% de personas con antecedentes, lo que implica que todavía siguen confinando a inmigrantes que no han delinquido. Algo que el propio PP admite que no se podrá evitar por completo, y espera regularlo a través de una circular interna.

Pero la nueva norma no mejorará la asistencia médica. En la actualidad, en el centro de Barcelona, con capacidad para 236 personas, solo hay un médico de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, y hasta las diez de la noche, tres enfermeras, según se explicó en la visita. El reglamento no mejora esas condiciones ni garantiza que ese servicio dependa de los departamentos de Salud de cada comunidad autónoma. Es “objeto de estudio”, aseguró ayer Ulloa, aunque advirtió de que el “coste económico” será clave en la decisión que adopten. “Tampoco sería lógico, y menos con las restricciones que padecemos, que el servicio sanitario que se presta en los centros de internamiento fuera incluso superior al que gozamos los nacionales”, indicó.

La madrugada del 6 de enero un joven de 21 años murió en el CIE de Barcelona después de sufrir un ictus en un día festivo, cuando no había ningún tipo de asistencia médica. También en otro centro de extranjeros, esta vez en Aluche, una mujer que llevaba interna más de un mes murió después de ser trasladada al hospital Doce de Octubre. Desde su llegada al centro, había acudido a los servicios santiarios nueve veces, sin que nadie detectase la gravedad de su estado.

Un centenar de periodistas pudieron constatar que los suelos del CIE de Zona Franca estaban impolutos, que en los baños no había ni un pelo y que la comida del día, lentejas y pollo rebozado con aros de cebolla, pan y una naranja, cumplía los mínimos esperados. Pero las habitaciones, con rejas, tienen dos o tres literas con colchones muy delgados. Los baños y las duchas son comunes, y en la “zona de ocio” hay apenas una docena de mesas.

“La situación presupuestaria es complicada”, advirtió el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sobre la mejora de las instalaciones. El reglamento prevé cambios en la gestión diaria: la policía, que hasta ahora se hacía cargo de todo lo que pasaba en el centro, se ocupará solo de la seguridad. La tarea asistencia se delegará en “ONG y personas de la sociedad civil”, indicó Ulloa, en una visita que tenía que haber presidido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pero la anuló en el último momento, alegando motivos de agenda. También han optado por cambiar el nombre: de ahora en adelante los CIE serán Centros de Estancia Controlada de Extranjería (CECE).

Denuncia por maltrato

Mientras las autoridades políticas y policiales abrían a bombo y platillo las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ultimaba la presentación de una petición a la fiscalía para que investigue un presunto caso de maltrato. Un interno de 37 años, de origen ruso, acabó la madrugada del domingo 22 de abril en el centro de atención primaria Manso por un traumatismo torácico.

El hombre explicó al defensor del pueblo catalán que esa noche un compañero se sentía indispuesto, por lo que pidieron asistencia a la policía. Según su versión, se la negaron y los policías reprimieron a golpes su queja. “No podemos afirmar nada, solo informamos al fiscal”, indicó Ribó. El síndic intentó entrar en el CIE el pasado 17 de abril, sin éxito. Para Ribó, que mantuvo ayer una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, la visita con los medios no cumple la normativa europea. “Se debe hacer sin avisar, pudiendo hablar con los internos y con conocimiento de los problemas de los últimos tiempos”, indicó. Ribó expresó su preocupación a Ulloa sobre las informaciones que le han llegado de “autolesiones, huelga de hambre y malos tratos”. “Quiero dejar muy claro delante de quien sea que seguiré rigurosamente el encargo que he recibido del Parlament”, indicó sobre sus posibles visitas al CIE. Ulloa aseguró a los periodistas que la competencia es del Defensor del Pueblo.


Los médicos del CIE descartaron nueve veces la gravedad de la interna fallecida

La congoleña Samba Martine falleció a los 34 años en el hospital 12 de Octubre de Madrid el pasado 19 de diciembre. Ocurrió sobre las siete y media de la tarde. A la una, solo seis horas y media antes, había ingresado en ese hospital, al que había sido trasladada desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), en el que estaba internada para ser expulsada del país. Martine llevaba desde el 12 de noviembre, más de un mes, encerrada en el centro y, desde el primer día, se había quejado de distintas dolencias, como acredita el informe del servicio médico del CIE, elaborado tras su fallecimiento, que refiere hasta 10 visitas de la mujer precisando asistencia.

Los síntomas que constan en el escueto primer informe, de apenas folio y medio, son generales: cefaleas, estreñimiento, gases, dificultad para dormir, dolor de garganta, un cuadro catarral leve con el que ingresó en el CIE... En el informe solo consta que en una de estas visitas, llevada a cabo el 14 de diciembre, estuvo acompañada de intérprete. Sobre las otras nueve no se dice nada. Y, según la documentación policial sobre Martine, esta no hablaba español.

Los últimos días antes de fallecer acudió en tres ocasiones quejándose de dolor de cabeza. Finalmente, el día 19, una agente de policía la vio en el comedor, se dio cuenta de que se encontraba mal y la acompañó al consultorio médico del centro —un servicio externalizado en manos de la empresa Servimedes—, según relató después la propia agente. La mujer estaba hiperventilando. La trataron con diazepan, oxigenoterapia y metamizol y, “en vista de que no mejoraba la hiperventilación”, la remitieron al hospital 12 de Octubre a las 12 de la mañana”. Fue trasladada en un coche de la policía y no en una ambulancia.

La coordinadora de la Cruz Roja que trabaja en el CIE ha relatado después a la policía que sabía que la mujer “estaba enferma desde hacía tres semanas”, que la vio en una camilla del servicio médico, que no le pareció “oportuno” el traslado en un coche policial y que “tendría que haber sido trasladada en ambulancia”.

Los propios policías del CIE, según el relato de la coordinadora de la ONG, debieron ver mal a la mujer, porque preguntaron a la enfermera si Martine se encontraba en situación de ir en un vehículo no acondicionado para el traslado de enfermos y si no sería mejor pedir una ambulancia. La enfermera contestó que no presentaba síntomas tan graves. Los agentes insistieron, preocupados por quién sería el responsable si a la interna le sucedía algo durante el traslado. La enfermera respondió que no se preocuparan, que Martine no se encontraba “tan mal, ya que había subido por su propio pie al servicio médico”, según consta en las declaraciones de la coordinadora de Cruz Roja, que afirma, sin embargo, que la mujer hiperventilaba continuamente. Cuando fue ingresada en el hospital, según el informe del 12 de Octubre, padecía “insuficiencia respiratoria, bajo nivel de consciencia, hipoglucemia severa y acidosis metabólica”. Horas más tarde falleció.

Tras la muerte, la hipótesis que manejó en un principio el hospital fue la de la meningitis, por lo que se trató a los policías, trabajadores e internos del CIE para prevenir el contagio. Después, el hospital cambió el diagnóstico al de “neumonía neumocócica”, y más tarde se señaló que la muerte podría haber sido provocada por una infección derivada del VIH —Martine era seropositiva—.

La autopsia, que no ha llegado a una conclusión definitiva, no habla de meningitis. El informe del 20 de diciembre de 2011 del Instituto Anatómico Forense señala que la causa de la muerte podría estar en el riñón; que podría tratarse de “una nefritis intersticial que evolucionó a un cuadro de septicemia con posterior shock séptico y muerte por parada cardiorrespiratoria”. La forense recogió sangre y contenido gástrico para realizar un estudio toxicológico y tomó muestras de tejido para llevar a cabo pruebas adicionales. El resultado definitivo aún no ha llegado al juzgado.

La muerte de Martine está siendo investigada por el juzgado 38 de Madrid por si los hechos pudieran constituir un delito de negligencia médica. Pero, además, los tres jueces que ejercen de forma rotatoria el control sobre el CIE también se han interesado por el caso. Uno de ellos, el titular del número 6, Ramiro García de Dios, requirió “de forma urgente” a la doctora jefa del centro el pasado 16 de enero para que le informara sobre los médicos que asistieron a Martine en cada una de las 10 visitas; sobre los medios técnicos de los que dispone el CIE para realizar las exploraciones; sobre los concretos medios técnicos que se utilizaron en el caso de la congoleña; y cómo se entendieron con ella los días en los que no consta que hubiera intérprete.

La doctora ya ha respondido. En ocho de las visitas, Samba Martine fue atendida por médicos, y en dos —una de ellas la del día anterior a su fallecimiento—, por una enfermera. No se especifican en cada caso los medios técnicos que se utilizaron en los diagnósticos. Y, sobre la cuestión del idioma, la doctora jefa del servicio, María de los Ángeles de Andrés Ventosa, señala que “la comunicación con doña Samba Martine se realizaba con mediación de Cruz Roja en unas ocasiones, a través de una compañera en otras, y en alguna ocasión mediante el poco francés que se habla en la consulta y el lenguaje no verbal”. Algunas ONG se plantean personarse en el procedimiento para seguir de cerca la investigación del caso.


De Congo a Melilla y Madrid

Samba Martine había llegado a España el pasado verano, procedente de la República Democrática del Congo. Desde Marruecos pasó a Melilla ilegalmente, y el 25 de agosto se presentó en dependencias policiales para incorporarse al colectivo de inmigrantes irregulares. Aseguró que había salido de su país de origen por la situación política y que tenía intención de solicitar asilo. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala que su equipo de Melilla no llegó a asistirla y no hay constancia de ninguna petición de asilo. En los datos policiales figura como natural de Brazzaville (República de Congo), pero en realidad, como se ha sabido tras su muerte, procedía de la República Democrática del Congo, cuya capital es Kinshasa.

La resolución que decretaba la expulsión de la mujer, firmada por el entonces delegado del Gobierno de Melilla, tiene fecha de 25 de octubre de 2011. Fue detenida el 8 de noviembre para ser expulsada. Solo llevaba una cartera, 8,55 euros, un cinturón y un teléfono móvil.

Fuentes policiales aseguran que por lo general no se suele llevar al CIE a los inmigrantes a los que se detiene sin papeles por primera vez, sino que el recurso se utiliza para personas con antecedentes policiales, condenados o aquellos a quienes ya se ha detenido con anterioridad sin documentación. Pero esta supuesta regla no escrita, según señalan fuentes del Defensor del Pueblo, se salta habitualmente para enviar a los CIE de la península a los inmigrantes que pueblan los saturados CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde no están privados de libertad, y que tienen un carácter más asistencial) de Ceuta y Melilla. Cuando se llenan, se envía a inmigrantes sin papeles a los CIE incluso sin saber si podrán o no ser expulsados, señalan estas fuentes. Así ocurrió en el caso de Samba Martine por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.


Cierra el sórdido centro de internamiento de extranjeros de Málaga tras 22 años

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, el más controvertido de los 10 que hasta ahora funcionaban en España, ha cerrado este miércoles definitivamente sus puertas. Los últimos 14 internos ingresados en el antiguo cuartel de Capuchinos han salido esta mañana del centro con destino a los CIE de Algeciras (Cádiz) y Aluche (Madrid).

La semana pasada, el Gobierno, a través de su delegado en Málaga, Jorge Hernández Mollar, anunció el cierre definitivo del centro porque las instalaciones “no permitían que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad”. La clausura del centro de extranjeros había sido reclamada por las ONG de derechos humanos casi desde el año de su apertura, 1990. A las peticiones de las organizaciones humanitarias se fueron sumando con el paso de los años los Defensores del Pueblo central y autonómico, la fiscalía, los jueces e incluso los mandos policiales.

El CIE, un edificio ruinoso desde su puesta en funcionamiento, ha sido escenario de diferentes polémicas e irregularidades policiales. Las más sonadas fueron la deportación, previa sedación con haloperidol, de 103 inmigrantes africanos en el año 2000 y el caso de corrupción policial en el que cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron acusados de delitos sexuales contra internas del centro. Todavía están pendientes de juicio. Pero el centro también ha padecido incendios, suicidios y, sobre todo, ha sido tildado de tener instalaciones "peores que una cárcel".

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